domingo, 15 de abril de 2012

Preocupación por el presente de los Servicios Sociales

He querido esperar unos días para comentar la sensación de desazón que me ha atrapado estos últimos días. Estaba (y estoy) realmente preocupado por el presente de los Servicios Sociales (tengo el convencimiento de que futuro no nos falta)

Tenía la sensación de que era preferible no escribir en caliente. Pasados unos días creo que es el momento de poner algo de reflexión a las emociones.

Ha habido tres noticias que es necesario señalar. La primera es la desaparición de más de 30 millones de la AGE (Administración General del Estado) para el plan concertado y el resto de los planes sectoriales que sirven para financiar las actuaciones de los servicios sociales gestionados por la Administración Local: Los servicios sociales básicos (generales o de atención primaria). La segunda es el recorte de más de 250 millones para la financiación del sistema de Dependencia. La tercera la reflexión en el Ministerio en torno a la necesidad de reformar y modificar la Ley de Dependencia (noticias periodísticas de hace pocos días).

La primera es una noticia claramente negativa sin paliativos. Con una repercusión muy importante, aunque por fortuna no decisiva para el futuro de estos servicios. No es decisiva en mi opinión porque a lo largo de los años la aportación de la AGE tenía cada vez un peso porcentual menor en los presupuestos dedicados a este tipo de servicios. De cualquier manera este recorte supondrá despidos, pérdida de capacidad operativa, disminución de los recursos para el conjunto de la ciudadanía y especialmente para los más débiles. Se ataca con el recorte uno de los pilares de la construcción del cuarto pilar del Estado de Bienestar: los servicios sociales. Una muy mala noticia.

La segunda tiene en común con la primera la desvinculación del pacto de financiación por parte de la AGE de los servicios sociales. A lo largo de la historia del sistema, a través de diferentes mecanismos, la AGE ha ido promoviendo la puesta en marcha de programas y estructuras de servicios con el compromiso de una financiación que posteriormente desaparece, dejando a los gestores con la carga total en el pago del servicio. Este tipo de noticias socava la confianza futura del resto de Administraciones en la verdadera implicación del Estado con la financiación del sistema. Un asunto que habrá que resolver en el futuro de otra forma. En este caso la desaparición del nivel acordado en su totalidad: 283 millones, sumados a los 81 millones menos presupuestados en la partida general destinada a dependencia, más los 36 millones en plan concertado (por simplificar) suponen 400 millones de euros redondos. Desde mi punto de vista más importante que el recorte económico en sí mismo es la desvinculación del Estado con la financiación del sistema. La misma historia del sistema enseña que sólo se ha avanzado (en el conjunto de territorios del Estado) cuando ha habido una propuesta de avance unificada por parte de la AGE acompañada de financiación. Si el Estado se desentiende y no se implica el sistema inevitablemente se debilita. Es curioso como señalaré inmediatamente porque esta desvinculación económica se produce a la vez que se habla de establecer una cartera/catálogo de prestaciones básicas. Por mucho que se hable de buscar propuestas consensuadas de servicios mínimos o básicos para todos esta es una realidad imposible para las políticas de Estado si no hay dinero ya que contravienen las competencias exclusivas de las CC.AA. Estamos ante un brindis al sol.

La tercera tiene un sabor inicial extraño, tiene una entrada dulce y suave, pero deja un posgusto amargo que se apodera sin remedio de la sensación global. Quiero decir que tras muy buenas palabras: Es necesario modificar la Ley de Dependencia para conseguir un desarrollo más unitario, aumentar el número de servicios, evaluar lo conseguido, reflexionar sobre cómo debe ser, mejorar y adecuar el sistema de financiación, se esconde un programa que sólo puede traer consigo un importante recorte en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Me ha llamado la atención que se ataca la Ley de Dependencia y su aplicación en dos asuntos en los que se está siendo partidariamente injusto e interesado:
  • La Ley se implantó de forma apresurada. (ya me contarán como se pone en marcha un sistema sin que parezca que se hace de forma apresurada. Como nos pongamos a diseñar ordenadamente y a seguir paso a paso una implantación muy racional haría falta un desarrollo temporal larguísimo que los ciudadanos nunca entenderían. Yo tampoco)
  • El libro blanco hizo mal las previsiones de número de dependientes y financiación necesaria. (pues ya me explicarán cómo se estudia analíticamente un concepto que está sin definir. Es cierto que se hablaba de dependencia, pero el concepto final a aplicar dependía primero de una definición legal que se modificó en el trámite de participación ciudadana y parlamentario y que no era el del libro blanco y de la propia definición del baremo que debía concretar el concepto legal al real)
Hay que señalar que cualquier modificación del baremo, del sistema de financiación o de aplicación tendrá ahora las mismas dificultades (algo menos porque ahora hay más datos) pero siempre se planifica sobre un modelo que hay que comprobar y que siempre encuentra desviaciones. No creo que se pueda hacer de otra manera. Sólo un ejemplo. Hoy muchas grandes empresas (algunas del IBEX 35), con magníficos estudios de mercado (o al menos teóricamente deberían haberlos hecho) que se han pillado los dedos en el sector residencial. 

Y porqué digo esto. Sencillamente porque es imposible hacer una aplicación de la Ley hacia un modelo de servicios aplicando a la vez un recorte de la financiación. Si se sustituyen las prestaciones económicas por servicios se debe poner más dinero encima de la mesa y no menos. La alternativas para hacerlo son varias (juntas, por separado o en forma mixta):
  • Modificar el baremo para endurecerlo y dejar fuera a gente.
  • Modificar las normas de copago para aumentar la aportación de los usuarios.
  • Modificar el concepto de prestación de servicios hacia un modelo de cheque-servicio que sin duda implicaría un aumento de las desigualdades en la implantación de la Ley y en el alcance de la misma.

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