El Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía (I). Una buena noticia para el sistema.

Comienza septiembre. Y este blog, bajo mínimos a lo largo de este pasado verano especialmente durante el mes de agosto, vuelve a su tarea de reflexión.

Este verano se ha producido lo que para mí es una buena noticia. La publicación del proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Intentaré explicar por qué y vista la extensión preveo que necesitaré al menos una entrada más para acabar de publicar mi valoración.

Entiendo que para hacer una valoración correcta de la Ley es preciso realizar una reflexión de carácter general y comparar el texto presentado con al menos tres elementos: a) el texto anterior al que va a sustituir, del que caben esperar mejoras, b) los textos similares que puedan existir de referencia, en este caso concreto en otras CC.AA. o si es posible algún texto de carácter estatal y c) con nuestro propio proyecto de lo que debería ser para poder ver si se alcanzan las metas y objetivos que nos pudiéramos haber propuesto. 

A partir de todas estas referencias cabe realizar no sólo la valoración sino las propuestas de mejoras al texto. Mi reflexión la realizaré, en realidad, a partir de mi propia valoración general sobre el Sistema de Servicios Sociales y, más en concreto, las leyes autonómicas que básicamente he publicado en El cuarto pilar.

Aún cabe una nueva referencia a partir de la que realizar la reflexión: la evolución del contexto general político, económico y legislativo. Esta es la perspectiva que voy a abordar en esta entrada. En este sentido creo que es necesario hacer un poco de memoria.

La anterior legislatura autonómica 2007-2011 (de acuerdo con el calendario de la mayoría de CC.AA. Hay que tener en cuenta que no es el calendario de las elecciones andaluzas)  se caracterizó por un importantísimo avance normativo en materia de Servicios Sociales. A finales de la legislatura previa, a finales de 2006, se produjo un hecho más que significativo y quizá hoy poco recordado: se aprueba la conocida como Ley de Dependencia. En esa misma fecha se publicó la Ley de Servicios Sociales de Navarra, pocos meses más tarde la de Cantabria. A finales de 2011 se habían publicado nada menos que 10 nuevos textos legales en sendas CC.AA. (Con anterioridad a esas fechas se había publicado una novedosa ley asturiana que se acerca a los contenidos que se han incorporado a estas últimas)

La Ley de Dependencia suponía un importante salto adelante y un riesgo. El avance consistía en la aprobación y creación de nuevos derechos subjetivos que se concretaban en una seria de prestaciones integradas en un catálogo. El riesgo era que este nuevo sistema se pudiera desarrollar al márgen del Sistema de Servicios Sociales y se estableciera normativa y administrativamente un dualidad de Sistemas.

Las Leyes aprobadas entre 2007 y 2011 consolidaron el avance y conjuraban el riesgo: aprobaron nuevos derechos subjetivos en sus territorios e integraban la Dependencia en sus Sistemas de Servicios Sociales. En ese mismo periodo se llegaron a aprobar cinco Catálogos de prestaciones. Unos más ambiciosos que otros, pero un avance. La importancia de estos textos estribaba en que generaban una nueva dinámica. Ponían a los Servicios Sociales en un nuevo rol no sólo legislativo sino también político. El Sistema comenzaba a entrar, bien es verdad que todavía con poco peso, en las agendas políticas y mediáticas y lo hacía como un Sistema más del Estado de Bienestar, fuera de los cánones tradicionales más asociados a la imagen de la beneficencia o la caridad.

Hay que recordar que la crisis económica había comenzado exactamente en 2007, justo en el inicio del periodo del que estamos hablando. Se recrudeció con fuerza a partir de 2010, pero incluso en ese periodo final de legislatura se produjeron avances en materia normativa y de aplicación de los nuevos textos y la Ley de Dependencia continuó, bien es cierto que dependiendo de los territorios, su proceso de desarrollo e implantación.

Llegaron las Elecciones Autonómicas de 2011 y las inmediatas Generales del mismo año. El proceso positivo sufrió un enorme frenazo. Desde ese momento no se ha aprobado nada nuevo, ni leyes, ni catálogos. La mayor parte de los textos se han quedado sin desarrollar. A nivel legislativo incluso hay propuestas de modificación normativa que derogan algunos de los derechos subjetivos. La Ley de Dependencia ha sufrido varias modificaciones normativas que la han dejado camino de su demolición controlada, se ha aprobado una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que dificulta mucho el funcionamiento del Sistema en su nivel primario, comunitario o general y en la práctica, en muchos territorios, los Servicios Sociales han sido puestos en jaque. Frente al cuatrienio anterior marcado por un importante salto adelante el actual está marcado no ya por la parálisis sino por el franco retroceso, el deterioro de las prestaciones y la falta de reacción para ajustar el Sistema a las nuevas realidades. 

No ha habido en tres años ni una sola buena noticia en materia de Servicios Sociales. Sólo retrocesos. El hecho de que la Junta de Andalucía haya tenido el coraje político, en este contexto político y económico e incluso normativo, de defender un Proyecto de Ley en materia de Servicios Sociales que sigue la estela de los aprobados en el periodo anterior en otras CC.AA., (es decir, que establece que el Sistema debe reconocer derechos subjetivos para los ciudadanos, que esto deben concretarse en un catálogo, que incorpora la Dependencia en el sistema) es, para mí y de entrada, una muy buena noticia para el Sistema.

Continuaré la reflexión en una siguiente entrada.