viernes, 2 de septiembre de 2011

El sistema de servicios sociales pierde peso en los nuevos organigramas de las Comunidades Autónomas

En los últimos años se habían venido produciendo una serie de sucesos que permitían tener una perspectiva favorable sobre el peso político que se le comenzaba a asignar al sistema de servicios sociales en nuestro país.

La Ley de la Dependencia, la aparición  del sistema, como tal, en algunas de las reformas de los estatutos de autonomía, la publicación de 10 leyes de servicios sociales de segunda generación (que garantizan derechos subjetivos a través de un catálogo) y la publicación 6 catálogos/carteras permitían valorar que estábamos en un buen momento para la consolidación del sistema de servicios sociales.

Sin embargo los nuevos organigramas organizativos de las comunidades autónomas dejan tras de sí un poso de desilusión. Esos avaces, que han resultado significativos y esperanzadores, no han visto una justa correspondencia en los nuevos organigramas.

No es que el nombre de los Departamentos o de las Direcciones Generales sea el único punto de vista o de análisis de la relevancia política que se le otorga al sistema, ni mucho menos, pero son un punto de partida para analizar este peso político del sistema.

Desde mi punto de vista entiendo que las denominaciones de los Departamentos autonómicos (y de sus Direcciones Generales )no son casuales. Las palabras son más importantes de lo que parece y revelan tanto lo que se quiere decir como lo que no se quiere decir. En general según como llamamos a las cosas, especialmente a estas, estamos diciendo como queremos que sean las cosas. Creo que la denominación de los Departamentos no deja de ser el primer acto de comunicación política de un Gobierno.

Pues bién. En los actuales organigramas, los servicios sociales están practicamente desaparecidos bajo otras denominaciones. Parto de la idea de que la denominación servicios sociales es la exacta para un sistema que no deja de estar en continua construcción. Pero si hay algo claro es que en estos momentos las 17 leyes autonómicas en vigor denominan de esta forma al sistema, y todas hablan de consolidar un sistema de servicios  sociales. Se puede entender que existe un consenso, sin embargo esa denominación apenas aparece reflejada en las denominaciones de los Departamentos.

El hecho es que otros sistemas del bienestar social sí vienen representados con su propia denominación y no existe ninguna duda respecto a que su nombre deba ser usado para denominar a los Departamentos que los gestionan.

Repasando las denominaciones encontramos que actualmente se utilizan las siguientes denominaciones para nombrar al Departamento, o a una parte del Departamento que se va a hacer cargo de la gestión del sistema:
  • 7 CCAA lo denominan bienestar social o bienestar a secas (esto último 1)
  • 4 CCAA lo denominan políticas sociales.
  • 3 CCAA lo denominan asuntos sociales.
  • 1 CCAA lo denomina igualdad de oportunidades
  • Y sólo 2 lo denominan servicios sociales.
Con respecto a las denominaciones anteriores no hay tampoco demasiados cambios, sólo es significativo que políticas sociales pasa de 1 a cuatro en detrimento de otras denominaciones como: dependencia (no había otra cosa más parecida en esa CCAA) acción social u otras.

En realidad no es que la cosa haya empeorado respecto a la situación anterior. En realidad esto era algo que ya sucedía antes de los úlitmas elecciones autonómicas. ¿Qué quiere decir esto? pues, desde mi punto de vista, que el sistema de servicios sociales no "vende políticamente".

Por otro lado el hecho de que se denomine bienestar social resulta extraño, se que es una denominación que tiene tradición, pero la evolución del sistema debería haber ayudado a aclarar que este sistema es sólo una parte del bienestar social. Y en realidad polítcas sociales lo son también la educación, la sanidad, el empleo, y según como se quiera mirar la fiscalidad u otros asuntos de gestión administrativa.

Sin embargo aún hay un dato respecto a los cambios que han sucedido en los organigramas que tiene un valor mayor. Se trata de si la competencia propia de los servicios sociales aparece sola o acompañada en la denominación (quiero decir si es sólo servicios sociales o es servicios sociales y algo más) y si las otras competencias que se incluyen en el Departamento son más o menos importantes desde el punto e vista presupuestario y de volumen de la gestión (que creo que resultan los más significativos para valorar la relevancia política de la competencia.

En la actualidad se incluye la gestión del sistema en un Departamento que gestiona además:
  • Sanidad o salud: 7 veces
  • Familia: 4 veces
  • Igualdad: 3 veces
  • Deportes: 2 veces
  • Vivienda: 1 vez
  • Cultura: 1 vez
  • Justicia: 1 vez
  • Juventud:1 vez
  • Empleo o trabajo: 1 vez.
  • En ninguna ocasión aparece la compatencia sola.
Con respecto a la situación anterior lo que se aprecia es una enorme diferencia a favor de compartir el Departamento con Salud, que en el anterior periodo sólo aparecía en 2 ocasiones, vivienda aparecía 3 veces y empleo 1. Los servicios sociales ,o como se denominara el Departamento, era la competencia principal en 12 Comunidades y ahora lo es en 7 y aparecía sola en 2 ocasiones.

En los presupuestos de las CCAA los presupuestos más importantes suelen ser los de Educación y Salud, siendo los servicios sociales (después del impulso de la Ley de Dependencia) los que acaban ocupando el tercer o cuarto lugar. Sin embargo en relación con los presupuestos de sanidad la distancia (por otro lado lógica) no deja de ser sideral.

Compartir en 7 ocasiones el espacio con Salud es un importante handicap para la visibilidad del sistema, para su valoración política, para su presencia social (además de otras posibles consideraciones que no forman parte de esta valoración)

Es cierto que se nos ha cruzado la crisis, la reducción de Departamentos se ha presentado como una forma de ahorro (que yo personalmente no acabo de tener clara, en realidad se ahorra muy poco) y el  costo en capacidad de respuesta política y administrativa a los problemas que aborda el sistema creo que puede resultar en términos de rentabilidad social mayor.

Es evidente que las personas que tengan que gestionar la salud, con sus importantes problemas presupuestarios y de gestión, y el grueso de sus equipos de colaboradores, no van a dedicar lo mejor de sus esfuerzos a pensar en el sistema de servicios sociales, ni en los problemas a los que da respuesta.

Pero aún hay otro dato significativo que señalar: Sólo 8 CCAA tienen una Dirección General, o una Instituto Autónomo o Consorcio para la gestión u otra fórmula análoga que recoja el nombre de servicios sociales, una de ellas lo recoge en el nombre de la consejería. Quiere decirse que en 10 CCAA no aparece la denominación servicios sociales ni siquiera a nivel de Dirección General.

Estos datos arrojan una realidad que debe hacernos pensar seriamente sobre la relevancia política del sistema y su presencia ante la ciudadanía. Creo que habría que trabajar para cambiar esto en el futuro.

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