Construir motivos para la esperanza

De izquierda a derecha: Luis Barriga, Gustavo García
José Manuel Ramírez y Ana Lima presentando el docu-
mento en el registro del Congreso de los Diputados.

Llevo mucho tiempo escribiendo sobre el miedo. Lo voy a seguir haciendo porque es un asunto que me parece capital en estos momentos. Comprender el miedo, aún más, comprender cómo se va imponiendo en nuestra sociedad la ética de los privilegiados. La ética del miedo a la igualdad me inquieta profundamente. Sobre eso le voy dando vueltas hace ya varios meses y lo seguiré haciendo. Pero hoy tengo algunos motivos para alentar la esperanza, el antídoto del miedo.

No es sólo que se comience a apreciar una cierta reacción social ante los diferentes ataques al Estado de bienestar. Tengo un motivo algo más concreto para la esperanza. Durante esta semana ha vuelto a salir a escena una propuesta de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (web aquí) que propone la creación de una figura de protección de las personas físicas en situación de quiebra económica (entrada anterior aquí) Esta semana la propuesta ha sido noticia porque ha sido presentada oficialmente en el Congreso de los Diputados. Durante estos últimos meses (desde octubre a aquí) la propuesta, obra de Luis Barriga (gracias amigo), ha ido creciendo en profundidad y sabudiría.

Se trata de crear una figura de protección judicial y de mediación con las entidades financieras para todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión con motivo de una quiebra económica sobrevenida.

Portada del documento de la propuesta.

Luis ha estudiado el asunto en profundidad. El documento incorpora varias partes y numerosos datos que resultan verdaderamente chocantes. Sin ir más lejos destaca una excelente panorámica de la situación en el resto de los países de la OCDE y llama poderosamente la atención que el único país occidental en el que no existe una figura de protección y en el que se responde de las deudas con todos los bienes presentes y futuros es España.

La situación de quiebra económica en la que está dejando esta crisis a miles de familias españolas es insoportable. 

Poco estamos haciendo desde el sistema de servicios sociales. Era necesaria una reacción. Cierto que esta no es la única. Pero esta me genera especial sensación de esperanza. Esperanza especialmente por lo que supone de reacción profesional y técnica a un problema desde la perspectiva de los servicios sociales; yendo mucho más allá de las áreas en que normalmente nos movemos; entrando en el terreno de lo económico, de lo judicial, entre otros.

La propuesta supone un paso importante, también, en la generación de una forma distinta de actuar como colectivo profesional. Un forma que rompe con los ámbitos tradicionales y algo reducidos para pensar desde una perspectiva más global. Todas los trabajos que desarrollamos son importantes, pero, como vengo insistiendo desde la primera entrada, nos quedamos a menudo en lo concreto, y es importante que muchos profesionales, seguramente la mayoría, sigamos allí, pero como colectivo estamos obligados a ir más allá si queremos realmente cambiar las cosas que nos rodean.

La propuesta, que puedes leer en la página web antes señalada en dos formatos: largo (sólo 40 páginas) o resumidísimo (apenas cuatro folios) se centra en una solución para aquellas familias que cumplan los siguientes requisitos: tiene que tener una situación objetiva de sobreendeudamiento (aspecto que debería ser acreditado por un profesional en la materia), ser un deudor de buena fe, y estar en situación de riesgo de exclusión (aspecto que sería acreditado por los técnicos de los servicios sociales comunitarios)

La propuesta concreta un itinerario de intervención.

• Propone un primer momento de análisis y mediación en el que se produciría el estudio de la situación por parte de los profesionales y en el que, además de las circunstancias anteriores, se elaboraría un plan de reflotamiento, por último se produciría la mediación con las entidades financieras 
• Un segundo momento de fase judicial, que sólo actuaría en el caso del fracaso de la mediación, en el que un juez, a la vista de toda la documentación del caso, podría tomar todas las medidas judiciales que suelen ponerse en marcha en otros casos: moratorias en el pago, escalonamiento del pago, revisión de los tipos de interés...

La propuesta cuenta incluso con indicadores de medida de las diferentes situaciones a acreditar. Un magnífico trabajo, muy serio, que ha tenido una muy buena acogida y está siendo tenido en cuenta por diferentes instituciones y organizaciones a nivel estatal. Con una repercusión mediática que ha llegado a los periódicos de color salmón, algo bastante inusual en una noticia propia del ámbito de los servicios sociales.

Para finalizar el documento Luis se permite el lujo de ilustrar la necesidad de intervenir en esta área con un pasaje de la historia de la Grecia clásica. Un lujo inhabitual. Pero no voy a desvelar esa historia, es mejor que leas la historia de Solón de Atenas en las últimas páginas del documento largo.