¡Hace falta una Renta Básica Social ya!

El 1 de diciembre de 1988 la República francesa aprobó la Ley de Revenu Minimum d´Insertion (Renta Mínima de Inserción). Formábamos parte de la Comunidad Europea desde sólo tres años antes y todo lo que venía del otro lado de los Pirineos se recibía con enorme interés. Las diferentes CC.AA. comenzaron en los primeros años 90 a poner en marcha leyes autonómicas con un contenido que recogía las principales características de la medida francesa.

Los primeros años 90 la sociedad española estaba atravesando un importante periodo de crisis económica, con un desempleo muy elevado, especialmente destacada entre los jóvenes. En esa época el Sistema de Servicios Sociales, con sus recientemente aprobadas Leyes de Servicios Sociales de primera generación, estaba cogiendo nuevos aires y necesitaba nuevos recursos con los que abordar la nueva problemática social a la que debía enfrentarse.

Han pasado unos 20 años desde que se pusieron en marcha y a lo largo de los mismos han pasado muchas cosas en nuestro país desde el punto de vista socio-económico pero estas leyes han seguido vigentes con no demasiadas modificaciones o, al menos, no modificando, en general, sus características esenciales. Tengo la sensación de que no se ha producido en el sistema una verdadera evaluación a fondo de estas leyes, sus dispositivos, sus ventajas y sus inconvenientes.

Creo que ha habido dos elementos que a lo largo de estos veinte años han sufrido cambios significativos que deberían haber hecho reflexionar sobre la ideoneidad de mantener estos programas tal cual: la modificación del perfil de usuario al que se destinaba la medida originalmente (en algunas CCAA se ha llegó casi al pleno empleo y el perfil de usuario de este programa, en este sentido, tenía componentes muy específicos) y la Administración fue capaz de poner en marcha nuevos programas en torno al desempleo que funcionaron especialmente bien ocupando una buena parte del espacio que originalmente deberían haber ocupado estas leyes. Quiero decir que en 20 años la realidad ha cambiado mucho, pero el Sistema ha permanecido inmutable con sus recursos sin modificarlos ni adaptarse a la realidad.

Estas leyes contemplaban, y contemplan, desde el punto de vista del ciudadano dos vertientes: por un lado un ingreso económico y por el otro la obligación de trabajar para la inserción, no sólo social sino también laboral, del conjunto de la familia.

También la Administración asumía dos obligaciones, por un lado proporcionar una ayuda económica y por otro facilitar la puesta en marcha de proyectos generales que facilitaran los procesos individualizados de inserción de los beneficiarios de esta prestación.

En la práctica la dimensión relacionada con la inserción social y laboral, tanto por parte de los usuarios, como por parte de la Administración, se ha movido con numerosas dificultades prácticas

El problema de este tipo de leyes es que son hijas de su tiempo, tanto en las medidas implementadas como en su concepción. Contiene una idea parcialmente peligrosa, heredera de las leyes de pobres históricas, y es que "los pobres" tienden a la indolencia y es necesario jugar con ellos con el mecanismo del palo y la zanahoria. Aunque quizá esta valoración pueda considerarse como extrema e injusta, no debe dejarnos indiferentes este paralelismo. No deja de ser un tic neoconservador considerar a los perceptores de prestaciones económicas públicas como vagos. Y tampoco deja de ser cierto que las administraciones han hecho bastante poco para trabajar, de forma generalizada, en los procesos de inserción individualizados.

Pero de cualquier manera, lo que tengo claro, es que esta no es la herramienta adeucada para afrontar la situación actual. Se me ocurren algunas notas que, al menos a mí, me hacen pensar:

1. En la situación actual es un sarcasmo exigir a nadie un proceso de inserción laboral. Tenemos 6 millones de parados y un 25% de tasa de desempleo. Pedir la inserción laboral es pedir un imposible que no podríamos cumplir ninguno de los que exigiéramos esas medidas si nos quedáramos en paro. No es una cuestión de voluntad sino de imposibilidad. No podemos pedir imposibles a gente que está ya muy angustiada.
2. La situación actual es, desde lo económico, de absoluta emergencia social. Lo hemos denunciado en las mareas naranja y la idea comienza a calar incluso en los discursos políticos. En esta situación hay gente que está comenzando a pasar hambre. Y mucha gente que hasta hace muy poco disponía de buenos ingresos económicos. Hay que dar una solución a esa situación sin contrapartidas de ningún tipo.
3. Las personas que están en esta situación de necesidad no son, ni exclusiva ni mayoritariamente, los usuarios típicos históricos ni de los servicios sociales ni de este tipo de prestación. Se trata mayoritariamente de personas procedentes de lo que vinimos a denominar clases medias y baja alta. Sencillamente trabajadores en general con cualificación y bien remunerados en la situación de bonanza que ahora no tienen recursos de ningún tipo para abordar la nueva situación. Personas que no precisan, en general, de procesos de inserción social. Son personas y familias completamente integradas en la sociedad.
4. El sistema de servicios sociales tiene entre las necesidades que delimitan su objeto de atención, su campo de intervención, la cobertura de las necesidades básicas. Pero hoy este sistema carece de las herramientas mínimas necesarias para cubrir estas necesidades en medio de la actual crisis económica. Es más, sus mismas estructuras organizativas comienzan a correr peligro.

Por eso es, desde mi punto de vista, absolutamente imprescindible, que las Administraciones Públicas refuercen el Sistema Público de Servicios Sociales. Garanticen sus estructuras, no eliminando las partidas del plan concertado. Y sobre todo, pongan en marcha políticas de rentas mínimas, no vinculadas a la inserción social ni laboral, sin contrapartida. Simplemente rentas que garanticen que las gentes de este país puedan cubrir sus necesidades básicas. Por el mero hecho de ser ciudadano. Ser ciudadano de una democracia supone una cierta garantía de igualdad y eso, hoy, pasa por garantizar unos ingresos mínimos para la superviviencia de miles de familias.

No pretendo llegar tan lejos como la garantía de una Renta universal por el mero hecho de ser ciudadano, me quedo un paso antes. Hay que garantizarla a las familias que no tengan los recursos suficientes. Eso sí, como derecho de ciudadanía, en el camino conceptual de Sistema en el marco del Estado de Bienestar que hemos venido defendiendo y construyendo los últimos años.

Necesitamos incorporar estas propuestas en las agendas de los partidos políticos y de los medios de comunicación. Algunos grupos políticos han comenzado a proponer herramientas de este tipo en diferentes CC.AA. Pôr ejemplo en Aragón el PSOE ha presentado una propuesta que se debatirá en las Cortes en breve (texto aquí)

España es un país rico, muy rico. Nuestro PIB sigue siendo tan elevado como antes de la crisis económica. Pero esa riqueza que producimos no se está utilizando en favor de los ciudadanos. Si queremos seguir considerándonos un país, no ya rico, sino simplemente decente y digno, tenemos que abordar ya, sin demoras, la puesta en marcha de medidas de este tipo.