El cheque servicio es injusto y está fuera del Estado de Bienestar

Una amiga de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha me envió ayer una noticia que informaba de que el "cheque servicio" llegaba a la Ayuda a Domicilio en su comunidad (Noticia aquí)

Evidentemente la noticia intenta destacar los elementos positivos de la medida, en concreto que así llegará el Servicio de Ayuda a Domicilio a lugares que hasta ahora no lo hacía.

La primera vez que leí la propuesta del cheque servicio fue en un libro clásico de Milton Friedman, uno de los "popes" de la ideología neoliberal (wikipedia aquí) Se titulaba  La libertad de elegir. En realidad para Friedman el cheque servicio es un mal menor porque desde su punto de vista, en realidad, no habría que ofrecer ninguna provisión pública a los ciudadanos.

El cheque servicio consiste en ofrecer a los usuarios de los servicios un cheque con una cantidad determinada, en el caso de  plazas en centros y servicios sociales pagada regularmente (lo normal sería al mes,) para que cada un@ busque una empresa que le ofrezca el servicio. La principal ventaja que se menciona cuando se defiende esta medida es que las personas tienen "la libertad de elegir" el proveedor.

El relato que acompaña este procedimiento se basa en los valores de justicia (es para todos igual) y el de libertad (elijo lo que quiero). Como la mayoría de los relatos neoliberales es simple, se entiende rápidamente y es eficaz. Resulta complicado explicar los motivos por los que no es ni justo, ni favorece especialmente la libertad y que, al contrario, consolida una sociedad dual, injusta; agranda y consolida las diferencias sociales y no es, ni mucho menos, garantía ni de más calidad de servicio ni de ser más económico para las arcas públicas.

Lo primero que se observa, por lo menos yo lo veo claramente, es que con el "cheque servicio" se atraviesa la línea roja de lo que puede ser considerado responsabilidad pública y, por lo tanto, estamos fuera del modelo de Estado de Bienestar El Estado deja de ser responsable y comienza a serlo cada ciudadano. Permanece un cierto Estado Social que apoya, pero sólo subsidariamente, a las familias. Se deja de buscar la igualdad y la justicia social y en el mejor de los casos se mantiene la estructura social existente (aunque puede tener una fuerte carga regresiva). Desde mi punto de vista para que haya responsabilidad pública el Estado (sea la Administración que sea) es quien debe recibir la solicitud del ciudadano y es, también,  quien debe proveer concretamente la plaza o el servicio.

Si el que tiene que comprar en el mercado el servicio es el ciudadano y no la Administración, aunque sea con un apoyo económico público, se crea un modelo dual. Quien disponga de medios económicos tendrá servicios mejores que quien sólo disponga del "cheque". Es más, en caso de un cheque generalizado no es para nada descartable un proceso inflacionista en este tipo de servicios. Los empresarios, sabiendo que la capacidad de compra es mayor, no dudarán en subir el precio de los servicios.

Además, sin duda, se producira otro proceso social; quien va a tener capacidad de elegir usuarios va a ser el empresario y no el ciudadano. El empresario podrá utilizar para seleccionar clientes tanto los precios, como la justificación de la saturación de los servicios para no aceptar determinados ciudadanos.

Me da la sensación de que con estas explicaciones el modelo comienza a parecer menos justo y menos libre. La libertad será la de quien tenga capacidad de compra y de los empresarios y no se repartirá igualitariamente entre los beneficiarios.

En el caso de servicios caros, especialmente residenciales, es bien probable, además, que las personas no alcancen al pago del total del servicio con su disponibilidad económica y el cheque. O que si pueden llegar a comprarlo las condiciones de calidad que tengan que aceptar, sean claramente deficientes o, al menos, inferiores.

Además se por  experiencia que el Servicio de Ayuda a Domicilio no es más caro cuando lo presta una Administración Pública directamente que cuando lo contrata indirectamente, ni que respecto de los precios ofrecidos por la iniciativa privada en el mercado. Además en territorios muy despoblados y desequilibrados territorialmente, en realidad, no hay margen de beneficio para la empresa privada. Muchos kilómetros, poca población, poca masa crítica para ganar dinero y muchos costos añadidos (búsqueda y formación del personal, tralados...) En estos casos las Administraciones Locales, cuando han contratado directamente personal, lo hacen de sus propios municipios o de los vecinos, fijan población, la forman, crean comunidad, los beneficios económicos se quedan en casa. Los beneficios económicos y comunitarios indirectos son muy elevados y el coste final del servicio suele resultar claramente competitivo con los precios de la privada. Si esos espacios deben ser atendidos desde empresas privadas, como sucede con muchos otros servicios, tendrá que hacerse bajo fórmulas que compensen económicamente las "pérdidas" de las empresas.

Por cierto ¿Cómo se va a dar libertad de elegir a un anciano en una localidad de 3 habitantes, en una comarca de 17.000 y 2.500 km cuadrados, con malas comunicaciones? ¿Cuántas empresas pueden llegar a ofrecer sus servicios en ese territorio?

Por otro lado, si se quiere dar libertad de elegir proveedor al ciudadano se puede hacer por parte de la Administración con las herramientas que tiene a mano. Utilizando procedimientos de logística adecuados en el marco de la legislación vigente para la oferta de la plaza a los ciudadanos y utilizando el formato del Acuerdo-Marco para contratar todas las plazas necesarias.. No hay problema jurídico, sólo de voluntad.

Cualquier construcción de un Estado de Bienestar que quiera avanzar hacia una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, tiene, necesariamente, que seguir los criterios de: universalidad de las prestaciones, asegurar el carácter de derecho subjetivo de las mismas y ofrecerse bajo el criterio de responsabilidad pública. Se que son criterios trillados, escuchados muchas veces, pero cada vez veo y oigo discursos técnicos y políticos, que no los tienen en cuenta. Que sean conocidos no quiere decir que sean prescindibles. Lo nuevo no siempre es mejor. Lo clásico puede ser garantía de éxito.

Por cierto, aprovechando la ocasión. La Administración Local se ha demostrado como imbatible en determinados territorios para proveer adecuadamente el Servicio de Ayuda a Domicilio. Tienen ya experiencia de muchos años, un saber hacer incuestionable. Al menos en muchos sitios funciona bien, muy bien. ¿Por qué quitarles la competencia?

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha emitido un comunicado con argumentos similares a estos (noticia aquí) La defensa del Estado de Bienestar y del Sistema de Servicios Sociales pasa por la oposición a esta forma de hacer que sólo privilegia a algunos en detrimento de la mayoría.