viernes, 11 de julio de 2014

El riesgo de lo "bueno, bonito y barato" en Servicios Sociales

Hace unas semanas recibí un correo electrónico en el que me advertían de una situación que se estaba produciendo con el Sepap, un servicio gestionado hasta ahora por una entidad social, Predif, destinado a personas con discapacidad y que con el nuevo proceso de contratación administrativa comenzaba a encontrarse en serio peligro al menos tal y como venía siendo gestionado (información página web Predif Illes Balears aquí)

Me sirve el caso concreto como punto de partida de esta entrada. No es la primera vez que escuchaba una denuncia similar. En conversaciones con funcionarios o con trabajadores y responsables de entidades sociales he escuchado la preocupación con la que se está viviendo el proceso de deterioro de las relaciones del Tercer Sector con la Administración Pública como consecuencia de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y las formas en que se está llevando a la práctica.

Tiene que ver esta preocupación con la obsesión que con motivo de la crisis le ha entrado a buena parte de las Administraciones con el abaratamiento de los costes de los servicios y prestaciones. Un abaratamiento que se produce por varias vías: la reducción de los requisitos de calidad exigidos a los proveedores en los pliegos de prescripciones técnicas, con el abaratamiento en porcentajes altísimos de los precios de licitación en los contratos,  con el valor casi absoluto que se da al precio en los procedimientos de adjudicación, con la escasa importancia que se da a los procesos de seguimiento del cumplimiento de los pliegos de prescipciones técnicas por parte de los adjudicatarios; en general con una interpretación de la Ley de Contratos del Sector Público volcada exclusivamente del lado del favorecimiento exclusivo de la oferta más barata independientemente de cualquier otra consideración (si esto no puede ser soslayado con el texto actual debería plantearse una modificación de ese texto legal; al no ser un experto jurídico no me considero capaz de pronunciarme sobre este extremo)

Este proceso está teniendo como consecuencia que las entidades sociales estén en condiciones de partida mucho peores a la hora de participar en la adjudicación de contratos de gestión de servicios públicos. Las entidades sociales, las más serias, suelen aportar un plus difícil de valorar en estos procedimientos. No diré que todas, pero muchas aportan valores específicos, desde el fomento de la participación social de la ciudadanía, pasando por unos objetivos de trasnformación social significativos, por unos criterios de calidad que incorporan valores sociales que no suelen ser tenidos en cuenta en los estándares de calidad al uso, el mantenimiento de unas condiciones de trabajo más dignas para los trabajadores, la contratación de personas desfavorecidas y con menos capacidad productiva (si no lo hacen ellas no lo suele hacer nadie...) y muchos otros criterios que deberían ser tenidos en cuenta y no lo son o no lo pueden ser en el actual marco legal.

Es curioso que las recomendaciones que se suelen hacer a los consumidores es que elijan la mejor opción calidad-precio mientras que en la actual forma de gestionar los procesos de contratación de las Administraciones cualquier cosa que sea la adjudicación al más barato acaba siendo considerada prácticamente una inaceptable corrupción. A mí me preocupan más las prestaciones que realmente reciben los ciudadanos y, por lo tanto, la relación calidad-precio, que no suele encontrarse en las opciones más económicas. 
 
En los últimos años se están produciendo compras de suministros basadas en estos mismos criterios que acaban resultando poco asumibles. Se han podido acabar comprando bolis que no escriben, celo que no pega... En estos casos la reacción de la Administración suele llegar y los problemas se solucionan porque la ineficacia del producto es fácilmente comprobable. Mucho me temo que en el caso de los servicios, una materia mucho más difícil de palpar y medir, mucho más sometida a la sospecha de valoración arbitraria y subjetiva, con ausencia de indicadores de medida universalmente aceptados y, a su vez, aceptables para todos, pueda no acabar ocurriendo lo mismo.

2 comentarios:

  1. Rafael Ruiz de Gauna12 de julio de 2014, 6:44

    Comparto plenamente este comentario. Es muy preocupante y hay que buscar alternativas y luchar por ellas. Las nuevas directiva de contratación pública de la UE aprobadas este año (enero) y que España debe trasponer, permiten aún más que los servicios de atención a las personas no esten sometidos únicamente a la oferta del mejor postor.
    Para dar valor a la contribución social del tercer sector hicimos desde la Taula del Tercer Sector Social una propuesta que adjunto http://www.eapn-galicia.com/archivos/966_--el-valor-anadido-del-tercer-sector-en-la-prestacion-de-servicios-publicos.pdf

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