Las medidas para paliar el problema de los desahucios: una soberana tomadura de pelo

Cuando he leído las medidas que el gobierno en materia de desahucios la sangre me ha entrado directamente en ebullición. Uno puedo llegar a entender muchas cosas, pero que nos tomen el pelo comienza a ser muy, pero que muy, cargante. Eso de que se crean que soy tonto se pasa más de tres pueblos de la raya. Eso de pensar que con un pequeño maquillaje vamos a tragar y considerar que se han puesto a solucionar el problema es una soberana tomadura de pelo. Lo cierto es que los titulares de prensa recogen una afirmación radical y profundamente falsa: "las medidas del gobierno atienden a las personas más vulnerables". No es verdad, muchas personas muy vulnerables siguen quedando sin protección, han cogido algunos pocos grupos y colectivos, de manera muy poco meditada, sin pensar, a mogollón, y creen que de esta forma ya está (podéis leer este artículo de El Confidencial (aquí) que explica que los dos últimos suicidios no se habrían evitado con las medidas del gobierno. Y además simplemente realizan una moratoria de dos años, medida que parece querer mandar el falso mensaje de que en ese tiempo ya estaremos saliendo de la crisis y esa gente ya podrá pagar. Necesitamos un cambio de la normativa legal ya.

Pensaba hacer una entrada al respecto, especialmente porque, como se deduce de mi entrada anterior, me llegué a creer que se ponían algo más en serio a la materia. Será que nuestro nuevos patrones, los señores de los bancos (lo de señores les pega mucho, os recomiendo que os leáis la definición del diccionario de la RAE de la palabra aquí, especialmente sus acepciones 6 y 11) les han amenazado con los fuegos del averno o algo así. El caso es que me he encontrado con el posicionamiento de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y me han solucionado la entrada, no tengo mucho más que añadir a lo que han/hemos dicho en el comunicado, me limito en esta entrada a reproducir su contenido (será también que estoy vago, ya me disculparéis los habituales pero últimamente me había prodigado mucho ;)

DESAHUCIAR ^(*)

(*) Ahuciar, (afiuciar, del lat fiduciāre), esperanzar o dar confianza.

(DRAE 22ª ed.)

POSICIONAMIENTO DE LA AEDGSS CON RELACIÓN AL ANUNCIO DE MEDIDAS URGENTES PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS

1º.- Respecto a las medidas anunciadas en la comparecencia tras el Consejo de Ministros de hoy 15 de noviembre, consideramos, a falta de una mayor concreción de las mismas, que se trata de una nueva oportunidad perdida de lo que podría haber sido un paso firme y valiente hacia la necesaria reconciliación de la ciudadanía con los Poderes Públicos que están a su servicio.

Definitivamente no se establecen medidas que permitan a las personas con dificultades de pago de las cuotas hipotecarias afrontar sus deudas a fin de evitar perder la vivienda. La “paralización” por dos años operará únicamente para los lanzamientos y no para las ejecuciones hipotecarias y subsiguientes subastas de inmuebles. Por lo tanto, no se ofrecerá a las personas afectadas la posibilidad de amortizar responsablemente sus deudas sino que, sin remisión, perderán la casa.

Es palmario que esto confluye con otro acuerdo adoptado hoy en Consejo de Ministros, y con la política preparatoria de la SAREB (banco malo). Es obvio que la prioridad del Gobierno está en la agilización de las ejecuciones hipotecarias para convertir la morosidad de particulares (deuda mala) en activos inmobiliarios disponibles para ser entregados a la Sociedad de Gestión de activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. De nuevo los intereses financieros se anteponen a los de la ciudadanía. Así, a la SAREB se le entregarán algunos inmuebles “con bicho” dentro pero por un plazo limitado a dos años.

Resulta muy ilustrativo, pero aún más indignante, que la primera reacción haya sido la de la Comisión Europea indicando la necesidad de consultar tales medidas a la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Lamentamos la sanguinaria insensibilidad de la Comisión Europea al haber mostrado su preocupación por este aspecto y no por el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando proclama lo injusto de nuestro sistema hipotecario o por la denuncia efectuada por las Naciones Unidas, a través de la relatora especial para asuntos de vivienda, sobre el incumplimiento del Reino de España con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y, en concreto, con el derecho a la vivienda.

2º.- Respecto al contenido concreto de las medidas, desde la cautela de tratarse del análisis de la mera Referencia publicada en la web del Consejo de Ministros, queremos suponer que la paralización de desahucios se afianzará, al menos, con alguna norma de tipo ejecutivo (de obligado cumplimiento) y que no sea, de nuevo, por mera suscripción voluntaria de los acreedores. Esto último nos devolvería a la aberración jurídica del Código de Buena Práctica y a la total indefensión para los deudores.

En todo caso, lo limitado las medidas anunciadas y el grotesco desatino que suponen se perfilan nítidamente en casuísticas como las que siguen:

- Quienes se encuentren dentro de las condiciones para la paralización por dos años de su desahucio, podrían encontrarse (ojalá) ante una oportunidad laboral que diera lugar a un lógico incremento de sus ingresos, perdiendo así la “protección” ofrecida. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de lo que ello significa: “Si encuentro o mejoro mi trabajo… me echan de casa”. Este efecto perverso sería tremendamente pernicioso. Si la moratoria se hubiera aplicado a la ejecución hipotecaria, se habría fomentado todo lo contrario: “Si encuentro trabajo o mejoro el mismo… podré pagar lo que debo y seguir viviendo en mi casa”.

- A quienes se les conceda el “privilegio” de la paralización de su desahucio por su bajo nivel de ingresos y por estar atendiendo a un familiar en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral se juegan su techo a la supervivencia y longevidad de dicha persona atendida. Ya pueden esmerarse en sus cuidados, porque a la triste pérdida de un familiar podrían añadir el automatismo de terminar en la calle.

- Los condiciones propuestas en cuanto al umbral máximo de ingresos habrán de concretarse más (especialmente en lo referido a unidades de consumo en el hogar para las que se calcula tres veces el IPREM), pero la obligatoriedad de cumplir, de forma añadida, con una situación concreta de supuesta vulnerabilidad, denota un grave desconocimiento de los procesos sociales y una inusitada torpeza por parte de un Ejecutivo insuficientemente asesorado. Condicionar la paralización de un desahucio a la convivencia en el hogar de una persona dependiente, con discapacidad o con enfermedad grave e incapacitante, puede abocar a situaciones absurdas en las que, en la desesperación, se busque por todos los medios la incorporación de dicha persona al hogar. Cuando se impone este tipo de condiciones para el disfrute de determinados beneficios sociales, se pueden incentivar –está más que demostrado-  comportamientos artificiosos que acerquen a los afectados a las situaciones prefijadas. Condicionar la paralización de un futuro desahucio al tamaño familiar (familia monoparental con dos hijos o familia numerosa) puede afectar incluso a fenómenos de natalidad forzosa como ya demostró la Antropología del siglo XX. No queremos pensar en la incentivación de algunos otros de los comportamientos sociales indicados en la nota del Consejo de Ministros.

- Pretender que es más razonable, plausible o justo desahuciar a una pareja con un descendiente de cuatro años de edad que a otra pareja con un hijo de dos años raya en el surrealismo y no merece más comentarios. Es algo jurídicamente insostenible y que repugna a la razón.

3º.- En cuanto al anuncio de creación de un “Fondo Social de Viviendas” para alquiler de bajo precio, vistos los desatinos anteriores, nos hace sospechar que se trata de una estrategia para mantener las viviendas en uso y hasta para obtener algunos ingresos por parte de la SAREB. Resultado: “nos quedamos con las viviendas y las sacamos al mercado (¿cuáles y en qué lugares?) para que los desposeídos las mantengan y además abonen los costes de mantenimiento del inmenso parque de viviendas vacías del que disponemos”.

En este mismo orden de cosas, y en lenguaje de Cooperación Internacional, si las viviendas a disposición lo son en función de criterios de mercado (y ya no nos cabe ninguna duda de ello), técnicamente estaríamos hablando de “desplazados internos”. Miles de personas viviendo fuera de contexto, con una terrible sensación de fracaso y pérdida y urbanísticamente aglutinados allá donde el valor de los inmuebles es menor. La cohesión social en dichos contextos es imposible y la aparición de situaciones de exclusión severa será inevitable.

4º.- Desde la AEDGSS estamos convencidos de que ES URGENTE encontrar soluciones EXCEPCIONALES que eviten este drama social, exigimos una respuesta valiente que erradique la vulneración de los DERECHOS HUMANOS a que asistimos.

Por otra parte, estamos seguros de que en el medio plazo, lo coherente y lo que debemos exigir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo es una nueva normativa civil y mercantil que permita a quienes no pueden afrontar momentáneamente los pagos de sus deudas -personas físicas (particulares y autónomos) en situaciones de insolvencia sobrevenida por efecto de la crisis- acogerse a sistemas de reestructuración, saneamiento y descarga razonables y acordes con los países de nuestro entorno. Estos sistemas deberán ser regulados por ley y tienen que dar margen suficiente a jueces y magistrados para que puedan ejercer la Tutela Judicial Efectiva consagrada en nuestra Constitución. Dicha tutela (por lógica economía) deberá ir siempre precedida de sistemas de mediación entre acreedores y deudores que analicen caso a caso y que operen bajo la responsabilidad pública.

Seguimos a disposición de los Poderes Públicos para ofrecer alternativas reales al problema como ya hicimos el pasado Febrero ante el Congreso de los Diputados, si bien como toda respuesta se han nos ha indicado que nuestras alternativas se redirigían a la Comisión de Economía aún cuando nosotros las dirigimos a la de Justicia.

5º.- Por último debemos un justo reconocimiento y aplauso a cuantas personas, instituciones y colectivos solidarios llevan años alertando sobre las injusticias que en materia de vivienda y crédito se vienen dando en España desde el estallido de la Gran Crisis. Nos referimos a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, los movimientos STOP Desahucios, las organizaciones de consumidores como ADICAE o foros de reflexión y denuncia tan potentes como Amnistía Internacional, la Fundación FOESSA o el Observatori DESC. Las reivindicaciones de estos colectivos –fuera cual fuera su eco en la sociedad- han sido un motor de cambio y nos han servido de inspiración permanente. A las acciones colectivas debemos añadir los desvelos de muchas personas que a título individual y profesional han realizado aportaciones muy sustanciales para buscar soluciones a la injusticia manifiesta que vive España en esta materia. Especial reconocimiento también a los componentes del Poder Judicial que son especialmente sensibles con esta cuestión y que actúan con toda profesionalidad en el sometimiento al imperio de la ley, pero evitando mecanicismos en la práctica jurídica y sin olvidar nunca que la esencia del ejercicio de su labor democrática es, finalmente, que la justicia emana del pueblo.